Ministerio de Trabajo, 18 de mar 2022.- La ministra de Trabajo, Verónica Navia afirmó este viernes que es necesario un trabajo conjunto con las organizaciones sociales para recuperar el poder coercitivo que tienen las conminatorias del Ministerio de Trabajo, de modo que las y los trabajadores no tengan que acudir a otras instancias donde sus derechos laborales se pierdan.
“Sacamos conminatorias, favorecemos a las y los trabajadores todo el tiempo, pero llega a la vía judicial y ahí se estanca. Ahora decimos no, tenemos que recuperar el poder coercitivo de las conminatorias del Ministerio de Trabajo porque estamos hablando de los derechos laborales que son irrenunciables”, afirmó la autoridad laboral.
Navia recordó casos en los que los procesos laborales que pasan a la vía judicial suelen quedarse en esa instancia hasta ocho años, siendo que en la vía administrativa del Ministerio de Trabajo se demora 100 días como máximo, e incluso, dijo, se pretende reducir este tiempo por tratarse del pago de salario, reincorporación por despido injustificado.
“En la gestión 2020 fueron despedidos casi cinco mil trabajadoras y trabajadores de empresas que presuntamente se declararon en quiebra; sin embargo estas no hicieron su declaración de quiebra como establece el Código de Comercio, y los trabajadores fueron dejados en la calle y los empleadores pusieron candado en las empresas en las instituciones”, recordó
Lamentó que el Tribunal Constitucional no esté pudiendo hacer cumplir sus propias sentencias y tengan que ser los trabajadores quienes acudan al Ministerio Público para denunciar el incumplimiento, “cuando debería ser el propio Tribunal que haga cumplir sus resoluciones pero, aparentemente, no hay esa capacidad o voluntad pero eso es precisamente lo que pretendemos analizar para dar soluciones”, añadió al referirse al pliego petitorio que la COB entregó en pasadas horas al gobierno y en el que el tema de justicia es uno de los más demandados por el ente sindical.
Aclaró que no se trata de endurecer las sanciones sino, al menos, tener la capacidad de hacer cumplir lo que se tiene ahora porque, además, el empresario corre el riesgo de perder su empresa al constituirse en una empresa social para luego pasar a los trabajadores, incluso, dijo, el incumplimiento de la sentencia constitucional tiene cárcel.