HUELGA DE HAMBRE EN PEPSI: TRABAJADORES RECHAZAN CIERRE Y MINISTERIO DE TRABAJO EXIGE DIÁLOGO
Ministerio de Trabajo, 5 de abril de 2025.- Tras conocerse la huelga de hambre iniciada por 70 trabajadores de la empresa embotelladora Pepsi en Cochabamba, el ministro de Trabajo, Erland J. Rodriguez Lafuente, en coordinación con las organizaciones obreras de ese departamento y la representación de la COB (Central Obrera Boliviana) y la Confederación de Fabriles, realizó gestiones para establecer una mesa de diálogo mediante una audiencia conciliatoria con los representantes administrativos de la empresa. Sin embargo, los representantes evitaron comprometer su asistencia o participación a la convocatoria realizada por la autoridad estatal.
“Ustedes (Empresa Pepsi) tienen la obligación de asistir a la audiencia. Son más de 70 trabajadores los que están siendo perjudicados”, puntualizó el ministro Rodriguez.
Si bien la reunión debía llevarse a cabo en las instalaciones de la Jefatura de Trabajo, la inasistencia de los empresarios propició que toda la comisión, encabezada por el ministro, se trasladara hasta la planta embotelladora para insistir en la mesa de diálogo y conocer las razones detrás de la decisión de cerrar la empresa. “Como trabajadores de Pepsi, lo único que pedimos es reactivar el aparato productivo”, expresó el representante del sindicato.
La autoridad, tras escuchar los pedidos e intervenciones de los diferentes representantes, procedió, conforme a normativa, a notificar por segunda vez a la administración de la empresa para que asistan nuevamente a la audiencia de conciliación el próximo 9 de abril en las instalaciones de la jefatura departamental de trabajo. “Agotaremos todas las instancias administrativas para proteger los derechos de las y los trabajadores. La empresa tiene que explicar y argumentar técnicamente las razones del cierre”, mencionó el titular del Ministerio de Trabajo en contacto con la prensa.
Asimismo, el máximo representante de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Mario Segundo, planteó que, en caso de que la empresa se niegue a dar explicaciones sobre la decisión de cierre, esta debería ser nacionalizada por el gobierno, para que los mismos trabajadores continúen con la producción y el funcionamiento.