Ministerio de Trabajo, 29 dic de 2023.- En el marco de las acciones judiciales relacionadas con los eventos de noviembre de 2019, la ministra de Trabajo, Verónica Navia reiteró este viernes el compromiso del gobierno nacional con la búsqueda de justicia dentro del proceso penal contra Luis Fernando Camacho, detenido el 28 de diciembre de 2022.
“Camacho, acusado de múltiples delitos, incluyendo terrorismo y financiamiento al terrorismo, enfrentará un juicio oral que se inició formalmente ayer (jueves) con la presentación de las acusaciones por parte de la Fiscalía. Entre los delitos imputados se encuentran terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, además de uso indebido de bienes y servicios públicos”, sostuvo Navia.
A un año de la detención del gobernador de Santa Cruz, la autoridad laboral reiteró que el gobierno hace un llamado a un proceso penal, justo y transparente, confiando en que las pruebas presentadas son sólidas para determinar la culpabilidad de Camacho. La pena máxima asociada a estos delitos oscila entre 15 y 20 años, y diversas organizaciones sociales han expresado su interés en el resultado del juicio.
“Este caso refleja el compromiso continuo con el fortalecimiento de la democracia y la importancia de un proceso penal, justo y transparente. El gobierno espera que el juicio se desarrolle de manera expedita, brindando resarcimiento a los familiares de las víctimas y otros afectados y consolidando la confianza en las instituciones judiciales”, sostuvo Navia.
Recordó que están pendientes los casos Golpe I y Golpe II “casos que son considerados delitos gravísimos de acuerdo a nuestra constitución. Él se jactó de hacer los ‘arreglos’ con los policías a través de su padre para que se amotinen y tomen el poder por la vía irregular y todo esto está en las redes sociales”, explicó Navia en entrevista con un medio de comunicación de Pando.
Diversos sectores de la sociedad, desde campesinos hasta organizaciones interculturales, han expresado su clamor por justicia. La población anhela un desenlace rápido y justo. La fiscalía desempeña un papel crucial en este proceso, y algunos sectores piden una sentencia de 30 años para Camacho. “La búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo el objetivo central en este proceso legal en curso”, concluyó Navia.